Es probable que el gobierno de Puigdemont, tan “astuto” como el de Artur Mas, haya desviado fondos públicos, es decir, pagados de nuestro bolsillo, para el referéndum ilegal del 1-O. Pero no se pone suficientemente de relieve que aparte de los millones de euros que Puigdemont y compañía pudieron haber despilfarrado de forma más o menos oculta, hay otra malversación evidente a la luz del día y que todos la vimos: el uso de edificios públicos del gobierno catalán como “centros de votación”.
Se utilizaron colegios públicos o ambulatorios públicos con el uso correspondiente de su luz, su agua, sus redes, su material y sus instalaciones para un acto que había sido declarado ilegal. Se trata de una malversación muy poco dudosa, que nos costó dinero a todos los contribuyentes y de la cual todos fuimos testigos.
Antonio Sanz (Lleida)