La irrupción de fuerzas especiales norteamericanas en Caracas para extraer a Nicolás Maduro del territorio venezolano no representó únicamente un evento de violencia política extrema, sino que activó una tensión filosófica que ha perseguido a la modernidad desde su origen: la disputa irreconciliable entre soberanía, legitimidad y el ejercicio crudo de la fuerza.
Los relatos periodísticos coinciden en describir la operación como una intervención militar estadounidense de gran escala que culminó con la detención y traslado del tirano venezolano fuera de su territorio. Ahora bien, desde la perspectiva normativa, la captura- y la consiguiente ocurrencia de golpes, explosiones y riesgo de víctimas civiles- obliga a replantear cómo pensamos la soberanía estatal en clave de responsabilidad moral y legal.
Si comprendemos la soberanía como la facultad última de decisión de un pueblo sobre su propio destino dentro de un territorio determinado, debemos también reconocer que tal condición no puede ser un cheque en blanco absoluto ni permanecer indemne a la moralidad de los gobernantes de turno. El derecho internacional moderno protege la integridad territorial y la no intervención, pero también ha ido integrando el imperativo de la responsabilidad cuando el ejercicio del poder degenera en un atropello sistemático a la dignidad humana.
En este escenario, la soberanía deja de ser una abstracción jurídica para transformarse en un problema ético que demanda replantear la responsabilidad moral frente al abuso del poder. La cuestión crítica reside, precisamente, en cómo conciliar la protección de la vida y la dignidad humana frente a la defensa de la arquitectura jurídica que sostiene a los Estados.
Considerando este contexto, emerge entonces la aporía central de la tragedia venezolana: la parálisis de la soberanía interna frente a un régimen degenerado que ha corrompido, durante décadas, los mecanismos de expresión de la voluntad popular. Nos enfrentamos a la paradoja de un pueblo que, tras años de elecciones fallidas y una resistencia cívica y militar sistemáticamente desarticulada, se halla en una imposibilidad fáctica de resolver su propio destino.
Esta “impotencia soberana” plantea un dilema perturbador: si la auto-liberación es inviable debido a la desproporción de los medios de coacción del Estado, ¿se vuelve legítima la irrupción de una fuerza superior externa para resolver aquello que, de otro modo, permanecería estancado en la opresión? Al respecto, es necesario recuperar la noción de soberanía popular que sostiene que el poder reside en el pueblo, pero surge la interrogante sobre qué ocurre cuando ese pueblo ha sido despojado de toda posibilidad de actuar políticamente.
En su obra “Leviatán”, Thomas Hobbes ya advertía sobre la fragilidad del pacto social cuando el soberano incumple su función de protección: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni un momento más de lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos” (Hobbes, 1651/2017, p. 254). Sin embargo, en el contexto contemporáneo, la caída del protector no surge de una rebelión interna exitosa, sino de un actor ajeno que reclama para sí la ejecución de una justicia que el propio cuerpo político no pudo articular.
Esta situación de quiebre institucional y vulnerabilidad exterior no es, sin embargo, un acontecimiento fortuito o imprevisto. Como sostuve hace un mes en mi análisis titulado “Mientras Maduro baila, la soberanía de Venezuela se estremece”, existía ya una advertencia clara sobre cómo el vaciamiento de la institucionalidad democrática y la entrega de los resortes del Estado a una élite cerrada terminarían por herir de muerte la soberanía nacional, dejándola a merced de voluntades extranjeras. En dicho texto, se alertaba con precisión que “la soberanía no es sólo una declaración retórica de independencia, sino una praxis cotidiana de autodeterminación que, al ser asfixiada internamente, invita a la intervención como única vía de resolución, aunque ésta sea traumática” (Prieto Femenía, 2025). La incapacidad política interna para canalizar el conflicto y la degradación de la soberanía en un simple escudo para la impunidad del mando crearon las condiciones de posibilidad para que un poder externo se adjudique la facultad de decidir sobre el territorio y sus actores.
La advertencia sobre estos problemas de soberanía subrayaba que, cuando el Estado se divorcia del bienestar de su pueblo y se convierte en una estructura de ocupación interna, la “herida” de la soberanía se vuelve profunda e infecta. Este aviso filosófico y político se ha materializado el día 03 de enero de 2026 en la operación militar precitada, confirmando que la ausencia de una resistencia interna con capacidad de fuego o articulación política real deja un vacío que la geopolítica de la fuerza siempre intenta llenar. Así, lo que hoy vemos como una extracción quirúrgica, es, en realidad, el desenlace de un proceso de erosión soberana que ya había sido denunciado: “la verdadera soberanía se pierde mucha antes de que llegue el primer avión extranjero; se pierde cuando un pueblo ya no tiene voz ni medios para interpelar a sus gobernantes” (Prieto Femenía, 2025).
Esta paradoja se profundiza al observar la selectividad y la incompletitud de la intervención. Mientras Estados Unidos captura a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, la cúpula militar y política que ha servido de andamiaje corrupto al régimen permanece intacta en territorio venezolano. La permanencia de figuras clave como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López plantea un escenario de soberanía fragmentada y peligrosa.
Lejos de desarticular la estructura pútrida de poder, la extracción precisa de la cabeza del Ejecutivo deja a la nación en manos de una casta militar que no sólo ha respaldado a Delcy Rodríguez en la vicepresidencia, sino que exige la liberación de Maduro, manteniendo el control de los medios de coacción (La Voz, 3 de enero de 2026). Esta realidad evidencia que la fuerza externa, por muy superior que sea, es incapaz de extirpar las raíces de un sistema cuando se limita a la captura de símbolos individuales, dejando atrás una estructura de mando que Infobae (2026) y Clarín (2026) describen como el verdadero núcleo de la resistencia del chavismo. Ahora bien, la pregunta filosófica aquí es si se puede hablar de “liberación” cuando el aparato represivo que sostuvo al tirano permanece incólume, detentando ahora de un poder quizás más errático y desesperado.
Esta praxis unilateral erosionada por la intervención extranjera genera una profunda contradicción entre el “hacer” externo y el “decidir” interno. El presidente constitucional en el exilio, Edmundo González Urrutia, ante la conmoción de los hechos, ha manifestado una postura que busca rescatar la acción de los ciudadanos frente al impacto del evento militar. Al afirmar que los venezolanos deben estar “listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, González Urrutia intenta trasladar el eje de la soberanía desde el acto de la fuerza estadounidense hacia la capacidad de reorganización de la sociedad civil (Perfil, 3 de enero de 2026).
Las declaraciones precedentemente explicitadas remarcan que la verdadera soberanía no se agota en la remoción física del opresor, sino la reconstrucción del Estado de derecho: “Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación” (González Urrutia, citado en El Universal, 2026). Esta apelación a los principios democráticos actúa como un contrapeso necesario ante la narrativa de la “soberanía imperial”, recordando que la legitimidad de origen debe ser convalidada por una legitimidad de ejercicio que sólo el pueblo puede otorgar.
La captura forzada de un jefe de Estado por una potencia extranjera despliega, por tanto, dos familias de objeciones que no son mutuamente excluyentes. La primera alude a la legitimidad normativa: ¿puede una potencia externa vulnerar el principio de no intervención alegando una suerte de justicia transnacional? La segunda se centra en la eficacia política y ética: aún concediendo la justeza de quitar de la escena a un régimen represor, ¿es la violencia armada una vía que asegura una transición legítima, estable y justa?
La fuerza instrumental, cuando se despliega al margen de los procesos deliberativos, genera vacíos de poder que no necesariamente conducen a una restauración democrática, sino a nuevas formas de dependencia o resentimiento. Los registros de la operación en Caracas documentan impactos directos: daños en infraestructura, desplazamientos y pérdida de vidas, indicativos de que la violencia entraña costos humanos que difícilmente se compensan con la mera expulsión del individuo en el poder. En este punto, es fundamental diferenciar entre la intención y la consecuencia. Como bien señaló Kant en su obra “Sobre la paz perpetua”, “un Estado no es (como el suelo sobre el que tiene su sede) un haber (patrimonial). Es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que él mismo tiene que mandar y disponer” (Kant, 1795/2012, p. 7).
Esta dinámica unilateral habilita una reciprocidad peligrosa donde la ley se vuelve instrumental a la voluntad del más fuerte, comprometiendo la seguridad jurídica global. Existe, además, un problema de representación moral: actuar en nombre de una población desde el exterior implica sustituir procesos autónomos de emancipación por soluciones impuestas. Criticar la intervención no equivale a defender al tirano decadente; mas bien, reivindica la prioridad de los procesos internos de soberanía, que, aunque falibles, tienen la ventaja de producir acuerdos comprensibles para la comunidad política. No se puede soslayar la dimensión realista: las democracias occidentales poseen medios materiales para incidir decisivamente, pero este ejercicio obedece a intereses geoestratégicos que a menudo anulan la voluntad popular que dicen defender.
Tras haber realizado este humilde análisis, nos queda claro que la extracción de un gobernante por fuerzas externas nos sitúa frente a una herida abierta que la política debe intentar sanar mediante la justicia y no mediante la fuerza bruta. Este escenario nos obliga a interrogar: ¿Es verdaderamente posible reinventar el derecho internacional para que proteja a los pueblos sin que éste se degrade hasta convertirse en un mero instrumento de dominación para los más poderosos? Si la parálisis interna de una nación es total y sus mecanismos democráticos han sido pulverizados por décadas de corrupción, ¿es la intervención extranjera el único remedio posible o es el síntoma definitivo de un sistema global que ha fracasado en garantizar la autonomía de los pueblos?
También, debemos preguntarnos qué tipo de prácticas garantizarían transiciones legítimas en contextos de autoritarismo extremo sin imponer soluciones externas que anulan la capacidad de actuar políticamente de la comunidad y su capacidad de autodeterminación, especialmente cuando tales intervenciones dejan intactas las estructuras militares que sostuvieron la tiranía. En última instancia, si la liberación se logra mediante la violencia ajena y parcial, ¿qué sentido profundo tendrá la libertad obtenida y quién se sentirá con el derecho de custodiarla en el futuro? Michel Foucault, en sus lecciones sobre el poder, recordaba que la libertad es una práctica y que “el derecho de soberanía es, pues, el que se aplica a la vida y a la muerte” (Foucault, 1976/2000, p. 218). Esta reflexión nos deja ante el desafío de concebir una imaginación política capaz de proponer alternativas a la violencia como eje de resolución, pues sólo a través de una institucionalidad robusta y el acompañamiento de procesos de reconstrucción interna se podrá evitar que la soberanía siga siendo un campo de batalla para los intereses ajenos.
Referencias
Arendt, H. (1958). Los orígenes del totalitarismo. Paidós.
BBC Mundo. (4 de enero de 2026). EE.UU. detiene a Maduro en una operación militar en Caracas y Trump dice que su país «gobernará» Venezuela hasta que haya una transición. https://www.bbc.com/mundo/
Clarín. (3 de enero de 2026). Quiénes quedan en la cúpula del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. https://www.clarin.com/mundo/
CNN Español. (3 de enero de 2026). Así captura Nicolás Maduro Venezuela: trax. https://cnnespanol.cnn.com/
El Universal. (4 de enero de 2026). Captura de Maduro es «un paso importante, pero no suficiente»; Edmundo González llama a una transición democrática real. https://www.eluniversal.com.
Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1976).
Hobbes, T. (2017). Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1651).
Infobae. (3 de enero de 2026). Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y extraído de Venezuela. https://www.infobae.com/
Infobae. (3 de enero de 2026). Cómo queda la cúpula del régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro. https://www.infobae.com/
Kant, I. (2012). Sobre la paz perpetua. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1795).
La Nación. (4 de enero de 2026). Soplotes gigantes, un intento de fuga y decenas de muertos: salen a la luz nuevos detalles. https://www.lanacion.com.ar/
La Voz. (3 de enero de 2026). El Ejército de Venezuela respaldó a Delcy Rodríguez y exigió la liberación de Nicolás Maduro. https://www.lavoz.com.ar/
Le Grand Continent. (4 de enero de 2026). El secuestro de Maduro: análisis operacional y consecuencias estratégicas. https://legrandcontinent.eu/
Perfil. (3 de enero de 2026). Edmundo González Urrutia llamó a los venezolanos a prepararse para la “reconstrucción nacional”. https://www.perfil.com/
Prieto Femenía, L. (2025). Venezuela: ahora — hoy. El Litoral. https://www.ellitoral.com/
United States Department of State / Declaraciones del Presidente Donald J. Trump. (3 de enero de 2026). Fragmento de las declaraciones durante una conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro.
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