UniónGC detecta un aumento de los comportamientos abusivos y posibles ilícitos penales por mandos de la Guardia Civil como consecuencia del coronavirus

27 de marzo de 2.020.- La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) considera que la llegada a España del Covid-19 y la declaración del estado de alarma en todo el país ha vuelto a demostrar la profesionalidad y eficacia del cuerpo. En este difícil contexto, lamenta que al mismo tiempo también se estén produciendo algunas situaciones que, aunque aisladas y puntuales, son totalmente inaceptables. En este sentido, la organización profesional denuncia que algunos mandos están protagonizando comportamientos “abusivos” aprovechando esta crisis sanitaria. Pone el ejemplo de un agente que se contagió de coronavirus y fue obligado a continuar desempeñando sus labores habituales.

En este caso concreto, que se produjo en el País Vasco, el guardia civil fue puesto en cuarentena por parte del Servicio de Salud de su comunidad autónoma. La orden que recibió de sus superiores, contraviniendo todos los protocolos sanitarios de una enfermedad que ya ha superado en España los 50.000 afectados y ha provocado 4.000 muertes, fue que siguiera con su actividad normal, con el consiguiente riesgo de contagio para sus compañeros y el resto de personas de su entorno.

UniónGC también ha documentado vigilancias a guardias civiles ante la sospecha de que pudieran estar utilizando medios de protección particulares ante la falta de equipos oficiales del Ministerio del Interior. También presiones desproporcionadas para que las patrullas “economicen” los Equipos de Protección Individual (EPI), que siguen siendo insuficientes en muchos puntos del país. Asimismo, también se están analizando órdenes internas de la Guardia Civil “claramente contrarias a la normativa laboral” referentes a la consideración como accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o los contagios por Covid-19.

Ante situaciones como estas, el equipo jurídico de UniónGC está estudiando la posibilidad de que estas y otras situaciones comunicadas por sus afiliados pudieran ser constitutivas de algún ilícito penal. En tal caso, serán puestas en conocimiento de la Fiscalía o del Juzgado competente para que actúen como proceda. En este sentido, anima a todos los agentes que hayan sufrido situaciones similares a que lo pongan en conocimiento de sus representantes, porque “el estado de alarma no implica desatender la propia seguridad y la salud”.

En lo que tiene que ver con el uso de los EPI, existe de forma generalizada una falta de criterio a la hora de determinar en qué situaciones deben emplearse, hasta el punto de que los mandos derivan a los agentes la responsabilidad de esa decisión en un contexto de escasez generalizada. “Pretenden que los agentes se conviertan en médicos y sepan discernir entre ciudadanos contagiados y no contagiados”, lamentan.